Néstor Carlos Kirchner Ostoic nació en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz (Patagonia), el 25 de febrero de 1950, hijo de Néstor Carlos, descendiente de inmigrantes alemanes y funcionario de Correos, y de María Ostoic, de una familia de origen croata instalada en Punta Arenas (Chile).

Miembro de la Juventud Peronista, estudió derecho en la Universidad Nacional de La Plata y en 1975 se casó con la también militante justicialista Cristina Fernández. Ambos formaron parte de la corriente izquierdista que apoyó a los Montoneros en los años turbulentos que precedieron al golpe de estado militar que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón.

En 1976 recibió el título de abogado y regresó a Río Gallegos para ejercer la profesión, junto con su esposa, en un gabinete jurídico. Funcionario de la administración de la provincia de Santa Cruz, a fines de 1983 fue designado presidente de la Caja de Previsión Social de Río Gallegos. Durante los siete años tenebrosos de dictadura militar (1976-1983) se mantuvo aparentemente alejado de la política, aunque fue encarcelado en una ocasión por motivos que no especifica su biografía oficial.

En las elecciones municipales de septiembre de 1987, como candidato peronista, fue elegido intendente (alcalde) de Río Gallegos. Dado el éxito de su gestión, fue promovido por el Partido Justicialista a candidato para la gobernación de la provincia, cargo para el que fue elegido con el 61 % de los votos el 8 de septiembre de 1991.

Como gobernador aplicó una política neokeynesiana expansionista, de fuertes inversiones públicas, en contraste con la estrategia neoliberal y antiinflacionista del presidente de la república, el también peronista Carlos Saúl Menem, por lo que se ganó una reputación de político de centroizquierda dentro del variopinto conglomerado justicialista.

Reformó en dos ocasiones la Constitución provincial para que el gobernador pudiera ser elegido sin límite de mandatos. También aumentó el número de jueces del Tribunal Supremo provincial y sus protegidos se jactaron de haber amordazado a la prensa local. Mientras sus partidarios ensalzaban su eficaz gestión, sus adversarios lo acusaban de haber gobernado la provincia como un feudo, en el que todas las fuentes de riqueza y trabajo estaban en manos del gobernador y su clientela (más del 40% de los trabajadores son empleados públicos).

Cuando fue elegido gobernador, en 1991, Kirchner recibió 630 millones de dólares de indemnización del gobierno federal, tras un juicio sobre los royalties financieros, a los que se añadieron otros 420 millones de dólares procedentes de las plusvalías generadas por la venta de las acciones que la provincia poseía en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), adquirida por la española Repsol.

Durante varios años, los legisladores de Santa Cruz reclamaron inútilmente precisiones sobre el montante exacto de ese patrimonio o botín provincial. Presionado por la prensa en la campaña electoral, Kirchner informó el 13 de mayo de que 531 millones de dólares se encontraban depositados en varias cuentas bancarias de Suiza y Luxemburgo.

El presidente Eduardo Duhalde se decantó explícitamente por Kirchner como candidato peronista y logró que el congreso del partido aprobara su estrategia de suspender la elección primaria y trasladar la liza de todos los aspirantes a la misma elección presidencial. Una maniobra destinada a impedir que Menem se alzara con la candidatura, pese al fallo de un juez federal con competencia electoral que prohibió la reforma de los estatutos del Partido Justicialista.

En sus proclamas electorales, Kirchner se presentó como adalid del ala izquierda del peronismo, reformista sin ambages y resuelto adversario del sistema neoliberal de sus predecesores. También prometió mantener en el cargo al ministro de Economía, Roberto Lavagna, al que se atribuía la ligera mejoría económica de los primeros meses de 2003.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 27 de abril, el gobernador de Santa Cruz quedó en segundo lugar, con el 22% de los votos, detrás del también peronista Carlos Saúl Menem, que logró el 24%. Tras los de la provincia de Santa Cruz (60%), Kirchner obtuvo sus mejores resultados en la provincia de Buenos Aires (40 % de la población), gracias al apoyo decidido del presidente Duhalde y del poderoso aparato del justicialismo.

Ante unas encuestas que le eran muy desfavorables, Menem anunció el 14 de mayo su retirada de la carrera presidencial, lo que decidió la inmediata proclamación de Kirchner como presidente electo. La teatral capitulación de Menem, al abortar el proceso electoral, no sólo perjudicó la legitimidad del nuevo jefe de Estado sino que amenazó las instituciones democráticas ya duramente afectadas por la violenta revuelta popular, alentada por los peronistas, que derrocó ilegalmente al gobierno del radical Fernando de la Rúa en diciembre de 2001.

Antes de tomar posesión, el nuevo presidente visitó Brasilia y Santiago de Chile, donde obtuvo el respaldo de los presidentes Lula da Silva y Ricardo Lagos, respectivamente, para lograr la recuperación económica continental con una base social de centroizquierda. En su discurso de investidura, Kirchner reafirmó el papel central del Estado en el desarrollo económico, prometió una lucha «implacable» contra la corrupción y abogó por un reforzamiento del Mercado Común del Sur (Mercosur), que asocia a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Días antes de prestar juramento como presidente, Néstor Kirchner dio a conocer su cartera ministerial, en la cual mantuvo a cuatro ministros del anterior gobierno, entre ellos al titular de economía Roberto Lavagna, e incluyó a políticos de su absoluta confianza, en su mayoría justicialistas y algunos independientes. El nuevo equipo destacaba por un denominador común en su composición: políticos jóvenes (entre 43 y 53 años), ajenos a los círculos de poder tradicionales y portadores de una visión de Estado lejana al neoconservadurismo que había gobernado al país en los últimos años.

La herencia que Kirchner recibió el 25 de mayo de 2003 fue una deuda que ascendía a 178.000 millones de dólares y uno de los índices de paro, pobreza y marginación social más altos de la historia argentina. Sin embargo, desde el primer momento encaró con decisión la compleja situación del país e impuso un ritmo tan vertiginoso a las medidas iniciales que tomó que los medios de comunicación hablaron del «efecto» o del «estilo K». El nuevo presidente, ante los graves problemas sociales, políticos y económicos, se fijó como prioridades la vigencia de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la revisión de las políticas económicas neoliberales, que habían contribuido a la ruina del país y el empobrecimiento de millones de argentinos.

En el plano interno su estrategia de gobierno se basó en el proyecto «transversal», consistente en alianzas extrapartidarias con dirigentes políticos a fin de combatir el caudillismo y los reinos de taifas del viejo peronismo, y en la afirmación de las instituciones del Estado y de la autoridad civil. En este sentido, apenas investido, hizo valer sus prerrogativas presidenciales y destituyó a decenas de generales, almirantes y brigadieres involucrados con la guerra sucia y los reemplazó por oficiales «comprometidos con el futuro». Otro tanto hizo en la policía federal y los servicios secretos, la SIDE, al tiempo que alentaba al Congreso a agilizar el proceso político contra los jueces corruptos de la Corte Suprema.

Progresivamente el país fue recuperando su pulso vital, aunque las cuestiones más espinosas que debía seguir tratando el gobierno de Kirchner estaban vinculadas con la deuda externa. Ante las draconianas exigencias del FMI, el presidente argentino respondió con inusitada firmeza logrando que este organismo y el G-15 reconocieran su tesis de que no habría pago de la deuda sin desarrollo. Al mismo tiempo, Kirchner emprendió una política exterior independiente de las directrices estadounidenses restableciendo relaciones con Cuba, negándose a enviar tropas a Irak sin mandato favorable de la ONU y oponiéndose a la política de Estados Unidos de subsidios agrícolas, así como a su pretensión de extender el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) al continente y de que se les otorgase inmunidad diplomática a sus militares en territorio argentino.

A lo largo del mandato de Kirchner el llamado «efecto K» continuó produciendo notables cambios en la sociedad argentina y en sus instituciones. En el terreno de los derechos humanos, la voluntad del gobierno de adoptarlos como una prioridad marcó un punto de inflexión en la política llevada adelante desde el retorno de la democracia en 1983 y significó un paso decisivo en la lucha contra la impunidad. Además de la puesta en marcha de una profunda purga en las Fuerzas Armadas, la policía y los servicios de inteligencia implicados en las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar, el gobierno acometió la renovación de la Corte Suprema de Justicia, duramente criticada durante el mandato de Carlos Menem por su sumisión frente al Ejecutivo. La medida, que fue aplaudida a nivel internacional como un paso positivo hacia la independencia del Poder Judicial, supuso la remoción de los miembros acusados de conformar una «mayoría automática» que siempre fallaba a favor del gobierno. Con la incorporación de mujeres, abogados garantistas y de centro-izquierda, se buscó equilibrar ideológicamente y por sexos la composición del organismo.

En junio de 2005, la nueva Corte declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas en 1986 y 1987. Su anulación permitió que se reactivaran las causas judiciales que involucran a centenares de militares, abriendo así la vía para juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura. En 2006 se dictó la primera sentencia tras la derogación de estas leyes, que condenó a 25 años de prisión al represor Julio Simón por delitos de lesa humanidad. La decisión del gobierno de ceder el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el principal centro de detención ilegal de la dictadura, para construir un Museo de la Memoria, fue aplaudida por la opinión pública.

La investigación de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar siguió adelante, concretándose en la detención y condena de numerosos responsables. Pese al compromiso asumido por el gobierno de Kirchner, los fantasmas de la dictadura parecieron resurgir y la confianza de la ciudadanía sufrió un duro revés el 18 de septiembre de 2006, a raíz de la desaparición de Jorge Julio López, de quien no se halló rastro. Este trabajador de la construcción había testificado contra Miguel Etchecolatz, un alto mando de las fuerzas de seguridad cuando el país estaba bajo el gobierno militar, que había sido condenado a cadena perpetua. El 27 de diciembre del mismo año sufrió un destino similar Luis Gerez, tras testificar contra un ex policía acusado de crímenes de lesa humanidad. Afortunadamente, Gerez apareció vivo dos días después, pero con señales de haber sido torturado. El presidente Kirchner acusó del secuestro a elementos paramilitares y parapoliciales deseosos de amedrentar a la población.

Si bien hacia 2005 la prensa y la oposición destacaron algunos factores que empañaban la espectacular recuperación económica del país, como la conflictividad laboral, las tarifas de los servicios públicos o la inflación, estos problemas no fueron obstáculo para que la ciudadanía diera el apoyo a Kirchner en las elecciones legislativas celebradas en octubre de ese año, a fin de renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Planteados como un plebiscito en apoyo de la política gubernamental, los comicios constituyeron un claro aval a la gestión del presidente. Ya fuera solo o en alianza, el Frente para la Victoria obtuvo el 40 por ciento de los votos y consiguió sólidos triunfos en 16 de las 24 provincias. En la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente y primera candidata al Senado, obtuvo el 46 por ciento de los sufragios, sacando 26 puntos de ventaja sobre su rival, la también peronista Hilda Duhalde.

Kirchner estableció un frente común con Brasil para reflotar el Mercosur y renegoció el pago de la deuda externa con el FMI y otros organismos financieros internacionales en términos hasta entonces inéditos, logrando que, en febrero de 2004, en la XII Cumbre del G-15 celebrada en Venezuela, se reconociese la tesis de que la deuda internacional era impagable sin desarrollo. De acuerdo con esta línea de pensamiento, defendió, con el apoyo del Brasil del presidente Lula da Silva, la necesidad de una política continental común para tratar con la Unión Europea y Estados Unidos, oponiéndose a los intentos estadounidenses de imponer su propio mercado continental. El rechazo a la política comercial proteccionista de Estados Unidos y al ALCA se escenificó en la V Conferencia ministerial de la OMC, celebrada en Cancún (México) en septiembre de 2003, y en la IV Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en noviembre de 2005, en Mar del Plata.

Después de sacar al país de la cesación de pagos considerada la más grande de la historia económica mundial, uno de los mayores éxitos del gobierno fue la renegociación de la deuda externa con el FMI y otros organismos financieros, al realizarse en términos hasta entonces inéditos. La deuda con los acreedores privados ascendía a 81.800 millones de dólares, de los cuales, entre enero y febrero de 2005, se canjearon 62.200 millones, o sea el 76 por ciento del total de la deuda, con una quita de 27.700 millones sobre el valor nominal de la misma. Se trataba del mayor procedimiento de canje y con la más alta quita a los acreedores de la historia económica.

El artífice de la exitosa operación fue el ministro de Economía, Roberto Lavagna, designado durante el gobierno de Eduardo Duhalde y confirmado en el cargo por Kirchner. No obstante, las crecientes discrepancias entre ambos culminaron en noviembre de 2005 con el desplazamiento de Lavagna y su reemplazo por Felisa Miceli, lo que no cambió las líneas de la política económica. En enero de 2006 el gobierno argentino pagó por anticipado el total de la deuda con el FMI, que ascendía a 9.530 millones de dólares, recurriendo a las reservas del Banco Central, que en ese momento sumaban más de 28.800 millones. La medida, destinada a ganar independencia política, fue duramente criticada por la oposición, pero un año después las reservas se habían recuperado e incluso superado.

El nuevo rumbo económico que había tomado el país al salir de la crisis se afianzó en los cuatro años de gobierno de Kirchner. Los logros de la política económica se tradujeron por un lado en un superávit comercial récord, gracias a las exportaciones que llegaron a su máximo histórico, y por otro, en una relativa mejora de los indicadores sociales. Después de la espectacular caída del PIB en 2002 de casi el 11 por ciento, en 2003 se experimentó una notable recuperación que alcanzó el 8,8 por ciento, debido sobre todo al crecimiento del consumo privado y de las exportaciones. Esta tendencia se consolidó en los años sucesivos.

Esta etapa de expansión se centró en el papel dinamizador de las exportaciones. Argentina volvió a exportar con ímpetu al exterior, especialmente a Brasil, México, Chile, Venezuela, Europa y China. En 2007 las exportaciones alcanzaban su tope histórico, al ascender a 55.301 millones de dólares, un 18 por ciento más que en 2006, y la balanza comercial acumulaba un saldo positivo de 11.400 millones de dólares, lo que representaba la duplicación de las ventas externas durante los años de gobierno de Kirchner. Aunque el núcleo de las exportaciones continúa integrado por los productos agropecuarios y agroindustriales, se fueron incrementando de forma relevante el papel de los bienes manufacturados, y, como elementos novedosos, del turismo receptivo y, en menor medida pero apuntando una tendencia interesante, de los servicios y productos informáticos y los profesionales y técnicos.

Los pilares de la recuperación económica fueron primordialmente el agro, la industria, la construcción y el sector financiero, alza que se vio acompañada por el empuje en la inversión privada. La reactivación impulsó a su vez la recuperación del mercado laboral: el número de trabajadores contratados aumentó especialmente en la actividad motora del crecimiento, la construcción, seguida por la industria metalúrgica, los hoteles y los servicios inmobiliarios. Si en mayo de 2002 la desocupación alcanzaba al 21,5 por ciento de la población económica activa, su máximo histórico, a partir del año 2003 comenzó a registrarse un ritmo de descenso importante. En 2007 el índice de desempleo había descendido al 8,7 por ciento.

Tras hacer pública su decisión de no postularse a la reelección presidencial, Néstor Kirchner cedió su plaza de candidato a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, quien ganó los comicios presidenciales de octubre de 2007 y se convirtió así en la primera presidenta electa de la Argentina. Entretanto, Kirchner intensificó su actividad en el seno del Partido Justicialista. En las elecciones legislativas celebradas el 28 de junio de 2009, Kirchner se presentó como primer candidato de la lista Frente Justicialista por la Victoria a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Al conocerse la derrota sufrida por la formación, que sólo logró el 32,1 % de los votos, renunció a la presidencia del Partido Justicialista, cargo que reasumió el 10 de marzo de 2010, un mes después de ser operado por una afección en la arteria carótida. Kirchner, que no había descartado volver a presentarse como candidato a la presidencia de Argentina en los comicios de 2011, fue designado secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) el 4 de mayo de 2010, pocos meses antes de su fallecimiento.